Guatemala, proceso y sentencia de genocidio.- 26 de enero de 2012 – 10 de mayo de 2013

 Si la primera fecha fue el arranque de un proceso por genocidio contra el que será seguramente recordado en Guatemala como el día en que se dio un hecho histórico, el inicio de un proceso judicial por genocidio contra el general retirado y expresidente del país Ríos Montt, la segunda fecha será recordada por el dictado de la condena contra el expresidente y militar, que fue sentenciado a 50 años por el delito de genocidio y 30 por el de delito de deberes contra la humanidad.

En la lectura de la jueza Jazmín Barrios se remarco en la lectura de la sentencia del Tribunal que “el acusado José Efraín Ríos Montt tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo -matanza de indígenas en Quiché- y no lo detuvo”.

“Los juzgadores consideramos que la conducta del acusado Ríos Montt encuadra en el delito de genocidio en calidad de autor, por lo que debe imponerse la pena correspondiente” de 50 años.

Sobre el delito de deberes contra la humanidad, Barrios señaló: “Consideramos que el general retirado permitió la aplicación de tratos inhumanos a la población, encuadró su conducta en los deberes contra la humanidad, por lo que debe imponerse la pena correspondiente” de 30 años.

En conclusión agregó: ”Los juzgadores estamos totalmente convencidos de la intención de la destrucción física del área Ixil en referencia a la muerte de 1.771 indígenas ixiles en el Quiché, entre los años 1982 y 1983, perpetrada por el ejército.

La jueza Jazmín Barrios también resaltó que “resulta inexplicable la actitud de Ríos Montt que permitió que el Ejército realizara todas las masacres y violaciones masivas hacia la población”.

Prensa Libre: Condena de 80 años por genocidio

Dictado de la condena

Algunos de estos señalamientos, que engloban; 100 masacres, 1771 muertes; de mujeres, hombres, ancianos y niños, de 1485 mujeres menores de edad violadas y el desplazamiento forzoso de cerca de 30.000 ciudadanos, de arrasar comunidades enteras, en número de 663 documentadas, que se recogen en la investigación del REMHI, Rememoración de la memoria histórica, y en el informe de Memoria de la verdad, que tuvo el auspicio de Naciones Unidas, con su secretario general Kofi Annan al frente.

Otro de los frente de denuncia se circunscriben a los miles de ciudadanos civiles que fueron obligados a trabajos forzados, junto a la organización forzosa de los mismos en las llamadas ”Patrullas de autodefensa civil” en las aldeas modelo, situación similar a la de los campos de concentración, la conformación de tribunales de fuero especial, donde por medio de jueces sin rostro fueron sentenciados y fusilados militantes sociales. Todo ello en aras de destruir el tejido social, cultural e identitario de las poblaciones originarias, que fueron las que sufrieron el 82% de los casos de genocidio, hasta la cifra de 200.000 víctimas documentadas en los informes señalados.

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